El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en nueve provincias del país, en respuesta a la escalada de violencia vinculada al crimen organizado. La medida busca reforzar el control del orden público mediante la participación de las Fuerzas Armadas, restricciones a la movilidad y mayores facultades para las fuerzas de seguridad.
La decisión se produce en un contexto alarmante: Ecuador cerró 2025 con cifras récord de homicidios, consolidándose por tercer año consecutivo como el país con la tasa de asesinatos más alta de América Latina. Autoridades atribuyen el aumento de la violencia a la disputa entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otros delitos transnacionales, que han expandido su influencia dentro y fuera de las cárceles.
El estado de excepción abarca provincias estratégicas por su ubicación geográfica y actividad portuaria, consideradas clave para las rutas del narcotráfico. El gobierno sostiene que la medida es necesaria para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad ciudadana, aunque sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por posibles abusos y la efectividad a largo plazo de estas acciones.
Mientras tanto, la población enfrenta un clima de temor e incertidumbre, a la espera de que las medidas logren reducir la violencia y frenar el poder de las organizaciones criminales.
