El gobierno venezolano activó el estado de conmoción exterior con duración inicial de 90 días, prorrogables por otros tres meses, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. El decreto, firmado por Maduro antes de su detención y refrendado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, otorga amplias facultades al ejecutivo y ordena la detención de personas acusadas de promover o apoyar la operación militar de Estados Unidos.
La medida establece la militarización de sectores estratégicos, incluyendo servicios públicos y la industria petrolera. El decreto faculta a cuerpos de seguridad nacionales, estatales y municipales para emprender la captura de cualquier persona vinculada al respaldo del ataque estadounidense, con penas que pueden incluir inhabilitación política de por vida y confiscación de bienes.
El endurecimiento represivo se hizo evidente el lunes cuando al menos 14 periodistas fueron detenidos mientras cubrían la instalación de la nueva Asamblea Nacional, donde Rodríguez juró como presidenta interina. Durante los operativos, las autoridades revisaron equipos electrónicos, desbloquearon teléfonos y rastrearon llamadas y mensajes en redes sociales. Trece fueron liberados posteriormente, mientras uno fue deportado a Colombia.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que 23 periodistas permanecen privados de libertad por causas vinculadas a su labor informativa.
