El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción el 31 de diciembre de 2025, que entró en vigor el 1 de enero de 2026 y estará vigente por 60 días. La medida alcanza a nueve provincias —Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo, Pichincha y Sucumbíos— y tres cantones adicionales, ante lo que el gobierno calificó como una situación de «grave conmoción interna».
Entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre se registraron al menos 1,232 muertes violentas en estos territorios, un 18% más que en el mismo período del año anterior. Ecuador cerró 2025 con un récord de 8,847 homicidios hasta el 19 de diciembre, marcando una tasa estimada de 52 muertes violentas cada 100,000 habitantes, convirtiéndose en el año más sangriento de su historia reciente.
El decreto suspende el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia para facilitar operaciones contra bandas como Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones, que operan principalmente en las provincias costeras. Pese a los reiterados estados de excepción, la estrategia gubernamental no ha logrado contener la violencia, que continúa en aumento, poniendo en duda la eficacia de las medidas basadas en militarización y excepcionalidad constitucional.
