La situación política en Honduras se intensifica mientras el país avanza hacia uno de los periodos más polémicos de su historia reciente, tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. El Parlamento hondureño aprobó un decreto que ordena un nuevo escrutinio de las 19 167 actas electorales, exigiendo un recuento voto por voto ante las numerosas irregularidades denunciadas durante el proceso. La presidenta Xiomara Castro refrendó la medida, desafiando la certificación previa de los resultados emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó como ganador al candidato Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional.
Castro y legisladores aliados han argumentado que la revisión es necesaria para garantizar la transparencia y respetar la voluntad popular, mientras sus oponentes sostienen que el decreto busca anular resultados ya validados. La medida ha generado críticas internacionales, incluida una advertencia de Estados Unidos sobre “graves consecuencias” si se intenta ilegalmente anular las elecciones.
El ambiente político hondureño sigue marcado por tensión y polarización, con llamados internos a completar el escrutinio y a aceptar el resultado final de manera pacífica. El debate sobre la legitimidad del proceso ha dividido tanto a partidos como a ciudadanos, poniendo en riesgo la estabilidad institucional del país centroamericano.
