
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala confirmó este fin de semana el fallecimiento del agente Sergio Iván García Hernández, elevando a 11 la cifra de uniformados asesinados en lo que va de 2026, en medio de una escalada de violencia atribuida a la pandilla Barrio 18. García, de 32 años, resultó gravemente herido durante un ataque armado el 18 de enero en el municipio de Villa Nueva, colindante con la capital, donde él y su compañero Luis Alexander Zetino Pérez fueron emboscados por sicarios mientras realizaban labores de patrullaje rutinario. Zetino pereció en el sitio, mientras García fue trasladado de urgencia al hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde permaneció en cuidados intensivos por dos semanas antes de sucumbir a sus lesiones el sábado 31 de enero.
Este deceso se suma a una serie de atentados simultáneos perpetrados ese mismo día en diversos puntos del país, que dejaron inicialmente siete agentes muertos y más de una decena heridos. Las autoridades atribuyen estos actos a represalias de la estructura criminal Barrio 18, en respuesta a operativos gubernamentales para retomar el control de tres centros penitenciarios: Renovación 1 en Escuintla, Fraijanes 2 y el Preventivo para Hombres en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. La ola de violencia llevó al Gobierno a declarar el estado de sitio en varias regiones, restringiendo derechos constitucionales para intensificar allanamientos y capturas.
En los días posteriores, el saldo mortal se ajustó a 10, y con la muerte de García, la PNC cierra enero en luto profundo, destacando la vulnerabilidad de sus efectivos frente al crimen organizado. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, junto a viceministros y altos mandos, extendieron condolencias a la familia, reconociendo el sacrificio de los caídos en el cumplimiento del deber. Este lunes 2 de febrero, se rindieron honras fúnebres en la sede central de la PNC, con presencia de compañeros y autoridades, simbolizando la resiliencia institucional ante la adversidad.
Expertos en seguridad señalan que estos incidentes revelan la infiltración de pandillas en el sistema, urgiendo reformas estructurales y mayor apoyo internacional. Mientras tanto, operativos continúan, con más de 100 detenciones relacionadas, en un esfuerzo por desarticular redes criminales y restaurar la paz en un país azotado por la inseguridad. Esta tragedia subraya la urgencia de estrategias integrales para proteger a quienes velan por la sociedad guatemalteca.
