En una audiencia judicial que ha sacudido los cimientos del sistema penitenciario guatemalteco, Carlos Agustín Reyes Popol, alias «El Bufón» o «Joker», cabecilla de la clica «Solo Raperos» del Barrio 18, ofreció este 1 de febrero de 2026 su versión sobre la fuga masiva de octubre de 2025 en la cárcel de Fraijanes II. Recapturado el 30 de enero en un operativo en San Pedro Ayampuc, donde se le incautaron armas de alto calibre, «El Bufón» fue ligado a proceso por evasión, trata de personas en modalidad de reclutamiento y portación ilegal de armas exclusivas de las fuerzas de seguridad.
Según sus declaraciones, la evasión no fue un acto impulsivo, sino coordinado con complicidades internas. Afirmó haber sido extraído del penal en dos vehículos —uno negro y otro rojo— y abandonado cerca de una gasolinera, insinuando la participación de personal del centro carcelario, aunque no precisó la fecha exacta por falta de memoria. «El Bufón» negó tener una «misión» específica al escapar, aclarando que su objetivo era simplemente «ordenar la calle», es decir, reorganizar operaciones externas de la pandilla, y rechazó categóricamente cualquier involucramiento en actos violentos post-fuga.
Estas revelaciones se alinean con testimonios de otros tres pandilleros recapturados del Barrio 18, quienes ante el juzgado afirmaron que la fuga fue negociada mediante sobornos y contó con la presunta colaboración de altos mandos del Sistema Penitenciario (SP), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Gobernación (Mingob). Describieron un escape sin resistencia, aprovechando falencias en los controles internos, lo que apunta a una red de corrupción que facilitó la salida de 20 reos, de los cuales ocho han sido recapturados hasta la fecha.
El Ministerio Público (MP) ha iniciado investigaciones para verificar estas acusaciones, otorgando un plazo de dos meses y 25 días para profundizar en el caso, con una audiencia intermedia pendiente. Expertos en seguridad destacan que estas declaraciones exponen vulnerabilidades sistémicas, como la infiltración pandillera y posibles actos de corrupción, urgiendo reformas urgentes. «El Bufón», ahora bajo estricta custodia, enfrenta múltiples procesos que podrían extender su condena, simbolizando un golpe al crimen organizado pero también un recordatorio de las brechas en la justicia guatemalteca.
