La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucionalidades en el Presupuesto General de la Nación para 2026, aprobado por el Congreso con un monto de Q122 mil 775 millones. El fallo responde a amparos interpuestos por organizaciones civiles y diputados opositores, quienes argumentaron violaciones a principios de equidad y transparencia en la asignación de fondos, como el aumento desproporcionado en partidas para deuda pública y ministerios sin justificación adecuada. El proceso inició con la aprobación legislativa en noviembre, pero las impugnaciones cuestionaron la falta de consulta a sectores vulnerables y posibles favoritismos en inversiones. Los afectados directos son entidades estatales y programas sociales, ya que la suspensión implica que el Ejecutivo debe operar con el presupuesto de 2025, de Q113 mil 998 millones, lo que limita recursos para salud, educación y seguridad en un contexto de inflación y necesidades post-pandemia. Datos de interés: El presupuesto 2026 representaba un incremento del 7.7% respecto al anterior, priorizando infraestructura, pero críticos señalan opacidad en Q10 mil millones para «otros gastos». La CC ordenó correcciones, postergando la vigencia prevista para enero, afectando a 18 millones de guatemaltecos dependientes de servicios públicos. Analistas económicos advierten impactos en el PIB por retrasos en ejecuciones, mientras el Congreso debe reconvenir para ajustes. Esta decisión se enmarca en un historial de impugnaciones presupuestarias, como en 2021 por protestas sociales.
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